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PYMES: la curva que no se aplana… va en caída libre

La difícil situación económica y financiera de gran parte de las PYMES en Argentina de los últimos años se profundizó recientemente con el brote del COVID-19 y, en consecuencia, al decretado “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que obligó a una sustancial proporción de los sectores productivos al cierre de sus actividades económicas.

Si bien las flexibilizaciones marginales que se fueron otorgando con el correr de las semanas para la reapertura de ciertas operaciones y los paquetes de ayudas económicas, orientadas principalmente a las PYMES, contribuyen a paliar parcialmente el impacto adverso de las medidas de prevención sanitaria, la situación sigue siendo crítica y el futuro sumamente incierto en el corto plazo.

Frente a este escenario se requieren de diagnósticos claros sobre la situación que enfrentan las PYMES. El presente artículo busca echar luz al analizar, mediante un ejercicio simple, los problemas de caja, el grado de cobertura del apoyo económico del Gobierno, el riesgo de incurrir en un excesivo endeudamiento y el horizonte de supervivencia de este segmento de empresas.

Se toma como referencia una PYME comercial textil cuyas actividades estuvieron cuatro semanas paralizadas y recién a fines de abril se autorizó la venta electrónica (lo que, para muchas de estas firmas, no significa cambio alguno ya que no disponen del desarrollo tecnológico y capital suficiente para readecuar su negocio a esta modalidad).

Se presenta la situación previa al brote del COVID-19 de esta empresa hipotética y luego se elabora un escenario de flexibilización parcial del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, bajo el supuesto de que la firma accede a los beneficios económicos anunciados hasta el momento.



Dentro de los gastos operativos asociados a las ventas de una PYME comercial de indumentaria se encuentran: i) el alquiler mensual del local que suponemos en 60 mil pesos; iii) el costo de reposición de mercadería cuyas nuevas órdenes dependen del volumen de ventas y del ingreso de las nuevas temporadas, asumiendo en el ejercicio un valor de 400 mil pesos para el mes previo al confinamiento social; iii) las remuneraciones (basándonos en dos empleados) por 85 mil pesos en total; iv) servicios como agua, luz, profesionales, bancarios y de telecomunicaciones por poco menos de 60 mil pesos mensuales y; v) cargas previsionales e impuestos (anticipo de ganancias, ingresos brutos, impuestos provinciales y municipales) por un estimado de 112 mil pesos mensuales.

En relación a las ventas, los comercios minoristas de indumentaria transitaron varios años de baja.

En 2019, según CAME, las cantidades vendidas cayeron 11,2% respecto del año previo, mientras que en los primeros dos meses del año el volumen se mantuvo débil, aunque recortó la caída interanual.

Suponiendo niveles de venta similares a los de inicio de año, es decir, bajos pero estables, los ingresos se estimaron en $750 mil pesos. De esta manera, el resultado operativo arroja una ganancia de 34,5 mil pesos en el mes previo al confinamiento.

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¿Qué sucedió a partir de marzo 2020? Nuevamente según CAME, en el tercer mes del año los volúmenes de venta minorista de indumentaria se desplomaron un 65% interanual.

Bajo este supuesto, los ingresos cayeron a poco más de la mitad respecto del mes previo, mientras que los gastos se mantuvieron relativamente estables.

Dentro de las medidas de apoyo económico a PYMES se encuentran la posibilidad de postergación de las cargas previsionales devengadas en marzo 2020, el pago del 50% de los salarios hasta un tope de 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por empleado y el acceso a líneas de crédito garantizadas por el gobierno o préstamos blandos (hasta un máximo de TNA 24%).

Bajo el supuesto de que la PYME hipotética acceda a parte de beneficios, en marzo se ahorraría el pago de las cargas sociales (que probablemente no hubiera hecho de todos modos).

Se conoce de las dificultades que tuvieron las PYMES para acceder a los créditos blandos por lo que se supone que este beneficio no opera, en tanto que, si bien tuvo que incurrir en varios de los costos del negocio al estar operativo más de la mitad del mes, suspendió los gastos al máximo posible (algunos servicios como profesionales y los impuestos).



Así en marzo, aún con más de la mitad del mes operando, accediendo a los beneficios mencionados y suspendiendo algunos pagos, el empresario se enfrenta con la necesidad de financiar 134 mil pesos adicionales.

En abril, cerrado el negocio completamente, se decide sólo el pago de los sueldos (85 mil pesos) y para ello se supone el acceso al beneficio del Programa de Protección al Trabajo y la Producción del pago parcial de la nómina salarial. Nuevamente aquí restan financiar poco más de 50 mil pesos.

¿Cómo se cubren estos gaps financieros? Depende del punto de partida de la empresa. Si es una firma con buen historial crediticio, podría ser a través de la ampliación de las líneas de crédito o la toma de nuevos préstamos. También podría ser con la aplicación de fondos propios acumulados en períodos previos.

Pero, ¿es razonable pensar que estas posibilidades están al alcance de las manos de la generalidad de las PYMES argentinas? Todo lo contrario, lo más probable es que la firma no pueda acceder a préstamos de terceros, y si lo hace, es bajo condiciones financieras altamente restrictivas.

De igual manera, difícilmente tenga suficientes fondos acumulados para cubrir las necesidades financieras considerando, además, que fueron dos meses (marzo y abril) de ingresos netos negativos.

De esta manera, muchas PYMES llegarían a mayo, si es que lo hacen, con una situación apremiante. Varias tendrían que haber cerrado el negocio definitivamente o, en el mejor de los casos, haber pagado parcialmente la nómina salarial.

¿Cómo sigue la historia en los meses subsiguientes? Suponiendo que en mayo sólo se permite la venta electrónica con entregas a domicilio y que la empresa logra reconvertir su negocio a ese canal de comercialización, se podría esperar un ingreso por ventas no mayor al 10% de lo facturado en el mes previo al confinamiento.

Suponiendo que el propietario accede al beneficio del préstamo a tasa cero por el monto máximo permitido (150 mil pesos). Este crédito se repagará a partir del séptimo mes en 12 cuotas iguales y consecutivas y, dada la tasa de 0% y una inflación de 50% anual, el valor real de devolución es de aproximadamente la mitad.

El problema es que dicho préstamo se deposita como saldo de una tarjeta de crédito, por lo que muchos pagos del negocio estarán vedados.

Nuevamente entonces, la empresa debe recurrir a la suspensión de los pagos no esenciales (es decir, no operativos). Al propietario PYME le queda un sobrante de 100 mil pesos aproximadamente que no puede aplicar, por ejemplo, al pago de proveedores.

Si a partir de junio se permite la apertura para la atención presencial siguiendo protocolos de seguridad, podría esperarse, en el mejor de los casos, generar ventas por el equivalente al 30% de la facturación previa al aislamiento social decretado.

Esto es, considerando la reducida presencia en locales permitida y una baja demanda de indumentaria, ya sea por ingresos mermados y/o ausencia de deseo de asumir riesgos sanitarios para acceder a este tipo de bienes.

En conclusión, a partir de junio se iría normalizando la situación, pero aún así, se incurriría en el retraso de pagos y, si bien en menor escala, surgirían nuevas brechas de financiamiento.

La situación patrimonial de la firma se deterioraría sustancialmente a lo largo de los meses, entre los préstamos a los que pueda acceder y el retraso del pago de servicios, impuestos y cargas sociales.

Así, a fines de julio la deuda acumulada superaría largamente un mes entero de venta en períodos “normales”. La suspensión de pagos altera a toda la cadena de pagos, generando dificultades financieras en el entramado productivo que se retroalimentan.

Los paquetes de apoyo implementados son escasos a la luz del actual contexto. En nuestro ejercicio, por ejemplo, asumiendo acceso a todas las medidas, se logran cubrir menos del 30% de los gastos operativos de un mes normal.

La situación es a todas luces insostenible para las PYMES. Aquellas más solventes podrán sostenerse un par de meses, pero sin duda muchas, si no la mayoría, está a un paso del quiebre. El cierre de empresas tiene un costo social y económico elevado, no sólo para su propietario.

Detrás de cada PYME hay familias, cadenas de valor generadas, conocimiento, capital invertido, cartera de clientes, etc. Si esto se condimenta con el hecho de que un 70% aproximadamente de este segmento de firmas se encuentra impedida o altamente limitada para operar, el costo del quiebre masivo es difícil de imaginar.

El aplanamiento de la curva de contagios de COVID-19, exitoso hasta el momento, viene acompañado del crecimiento exponencial de PYMES en situación de quiebre que requiere de una atención con respiradores de mejor calidad que los hasta ahora utilizados.

Damián Di Pace es analista económico, autor del libro "Economía Pyme"