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Proyecto de ley de moratoria impositiva: un avance con sabor a poco

Un aspecto de permanente debate en Argentina está vinculado con la carga impositiva.

De acuerdo con un informe recientemente publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para una familia asalariada argentina la carga tributaria formal integral de los tres niveles de gobierno se ubica entre el 49,5% y el 58,7% de su ingreso total en 2020.

El sector productivo corre igual suerte. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Cámara Argentina del Comercio (El Costo Impositivo para el Sector Comercio en Argentina. Ranking provincial y competencia desleal. Cámara Argentina del Comercio, enero 2016), la carga impositiva sobre el margen bruto del negocio de un comercio puede llegar a representar entre el 30% y el 45%.

A la alta carga impositiva estructural se sumó la inhabilitación de gran parte del entramado productivo en el actual contexto de COVID-19. Si bien en mayor o menor grado comenzaron a flexibilizarse las restricciones, el escenario dista mucho de la situación pre pandemia.

Aún se mantienen algunos sectores paralizados, como los vinculados al turismo y entretenimiento, y persisten las restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires y algunas otras zonas del interior del país.

Adicionalmente, la habilitación de las actividades no es garantía de funcionamiento pleno de la empresa, ya que la débil demanda y algunos problemas logísticos y de provisión de insumos, operan en detrimento de la normalización del negocio.

En simultáneo, la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las medidas que en respuesta podrían adoptarse plantean mayores desafíos.

En este contexto, empresas y familias adoptaron diversas medidas para recortar gastos frente a la escasez, e incluso ausencia en muchos casos, de ingresos. Y uno de los ítems del presupuesto que primero acusó recibo de estos ajustes fue el pago de los impuestos.

De acuerdo con una encuesta de la Unión Industrial Argentina, 41% de las empresas industriales no pudo afrontar el pago de impuestos desde la pandemia, en tanto que las familias ubican a este rubro dentro de los principales rubros de ajuste.

Y según la AFIP, se registró un incremento del 50% de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes.



En este contexto, se anunció una ampliación de la moratoria tributaria que, diferencia de las anteriores, en esta ocasión incluye el acceso a grandes empresas y personas humanas.

El proyecto de ley enviado al Congreso la semana pasada consolida los planes y facilidades previos. Además de las características destacadas en el diagrama, se incluyen, para las grandes empresas que adhieran, restricciones para distribuir utilidades y acceder al Contado Con Liquidación (CCL) o dólar MEP.

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¿Pero qué significa esta moratoria en términos de alivio financiero para una micro o pequeña empresa comercial o industrial o para un trabajador independiente?

Ante esta pregunta, nos propusimos hacer un simple ejercicio con tres casos hipotéticos, pero que bien podrían reflejar la situación de miles de contribuyentes.



El proyecto de ley sólo considera a los impuestos nacionales, entre los que se destacan a nivel de negocio: IVA, Ganancias, Impuestos Internos, Seguridad Social, Impuesto al Cheque e Impuestos Aduaneros.

Bajo el supuesto de que nuestros contribuyentes aún habilitados concretan muy pocas operaciones, dejamos de lado los conceptos relacionados con los flujos del negocio. Así, nos concentraremos básicamente en Ganancias y Seguridad Social.

Supondremos que Ganancias a personas humanas y Bienes Personales sufrirán una postergación de los vencimientos y, dado que estos son los dos principales impuestos nacionales que recaen sobre las familias, los excluimos del análisis.

Ivanna y Anahí, por estar inscriptas como personas jurídicas estarán alcanzadas por una tasa del 35% del impuesto a las Ganancias (bajo el supuesto de que aún no cuentan con su certificado MiPyme), además del pago de Cargas y Contribuciones a la Seguridad Social por todos sus empleados.

Por pertenecer al tramo de MiPymes cuentan con una deducción en los aportes previsionales de $10 mil por empleado de su base imponible a lo que adiciona, en el caso de Ivanna por tratarse de una industria textil, una baja adicional de $17 mil.

En tanto Ignacio, deberá efectuar el pago de las cuotas como Autónomo, según su categorización (Categoría II), dado que se trata de una prestación de servicios y su facturación anual supera los $25 mil.

El ejercicio asume que en los tres casos que se encontraban al inicio de la cuarentena sin deudas tributarias nacionales, momento al partir del cual comienzan a postergar estos pagos.

Así, nuestros contribuyentes hipotéticos ingresarán a la moratoria por los importes adeudados de aproximadamente $45 mil Ivanna, $15 mil Anahí y $13 mil Ignacio. La cuota inicial, con vencimiento el 16 de noviembre, será cercana a los $1.600, $550 y $460, respectivamente.

¿Por qué lucen tan bajas estas cifras? Simple, están regularizando solo tres meses, moratoria que abarca únicamente a los impuestos nacionales.



Es por ello que debemos analizar los resultados de esta moratoria en términos relativos. Al cabo de un año, los tres habrán cancelado un 20% del capital refinanciado, pero habrán incurrido en un gasto equivalente al 52% del mismo.

La diferencia corresponde a los intereses que deberán abonar (2% mensual para los dos primeros períodos y luego una tasa variable que se supuso de 45% para todo el ejercicio).

Todo ello sin considerar que a partir de julio deberán abonar los impuestos regularmente, en un contexto donde la permanencia aún de restricciones a la operatoria, de elevada incertidumbre económica y de baja demanda no garantiza una normalización de los flujos de ingresos del negocio.

¿Qué nos trasmite entonces este ejercicio? Si bien es un avance el que las autoridades reconozcan la necesidad de encarar en una moratoria generalizada (con ciertas condiciones más favorables para el pequeño contribuyente), los alcances de la misma, tal cual están planteados, distan mucho de contribuir de manera sustancial a mejorar la crítica situación que atraviesa hoy gran parte del entramado productivo.

 

Damián Di Pace es analista económico, autor del libro "Economía Pyme" y director de la consultora Focus Market.