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Subrayan que la reforma de las SAS puede generar una "caída directa" de las PYMES

Así lo expresaron una serie de expertos en cuestiones tributarias consultados por SOMOS PYMES acerca de la intención del Gobierno nacional de dejar de lado la iniciativa impulsada por la administración macrista en 2017, acerca del funcionamiento de las Sociedades de Acciones Simplificadas.

El miércoles, el oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación General sobre el proyecto de ley en revisión, que suspende la creación automática de las SAS.

Se trata de la norma que establece que todas las Sociedades por Acciones Simplificadas deberán ser constituidas por emprendedores, previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (Sepyme).

La iniciativa -que cuenta con media sanción del Senado- suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta que se implementó durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.

Al respecto, Alejandro Ramírez, encargado de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), expresó que esto "es un claro retroceso".

"En ningún país del mundo se vuelve de la digitalización al papel. Teníamos una SAS que llevaba los libros digitales en blockhain y el Gobierno busca volver a la papelización, que es un sistema del siglo XIX", remarcó.

"Llevado al contexto de crisis económica que vivimos, más la crisis sanitaria, (impulsar esta ley) es algo inentendible", manifestó el experto en una charla con SOMOS PYMES.

Para Ramírez, se trata de "un proyecto que claramente fomenta la informalidad y agrava esa problemática. Si se sanciona el proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados, sería más conveniente hacer una sociedad de hecho que una SAS y registrarla en la IGJ (Inspección General de Justicia)".

"Cualquiera que quiera ser emprendedor y ser socio de una SAS se va a tener que inscribir en un registro nacional. Esto va a crear una discrecionalidad en la cual el Estado nacional va a decidir quién es emprendedor y quién no. Esto es una gran problema", ilustró el directivo de ASEA.

Y ejemplificó: "La IGJ ya decidió este año que los influencers no pueden ser considerados emprendedores y rechazó la creación de una asociación civil para el rubro, desconociendo como son los negocios en la actualidad".

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"Y otro problema tiene que ver con el federalismo y las PYMES del interior del país. Hoy cualquier emprendedor PYME que quiera registrar su empresa en alguna provincia como Mendoza, Salta o Tierra del Fuego lo hace en el registro provincial. Pero los nuevos requisitos crean un registro de emprendedores a nivel nacional, que obliga a hacer el trámite primero en Buenos Aires y después a nivel local", mencionó.

"Este último punto es inconstitucional porque afecta el derecho a la libre asociación", resaltó.

"El proyecto agrega mucha burocracia al sector y no tiene sentido. Las SAS son un instrumento que funciona realmente bien y es recomendado por la ONU y la OEA", aclaró Ramírez.

"Lo que menos hace es combatir el lavado de activos. Obliga a las SAS a salir de un sistema de contabilidad de libros digitales inalterables y vuelve al sistema de libros de papel. ¿No sería más conveniente que las SRL y las SA adopten el sistema nuevo en lugar del volver al pasado con las SAS?", se preguntó el experto.

Por su parte, Gabriel Hermida, socio del departamento de Impuestos en Auren Argentina, recordó que "la creación de las SAS posibilitaba que un emprendedor entre de forma ordenada al sistema sin ser necesariamente una sociedad anónima".

"Ofrecía la posibilidad de emprender sin arriesgar mucho el negocio. Esto ayudó mucho para que las PYMES puedan ser proveedoras de las empresas grandes", destacó el tributarista.

"En junio del 2020 apareció este proyecto para prohibir la creación de nuevas SAS y la IGJ empezó a poner un montón de regulaciones para el rubro en la Ciudad de Buenos Aires", graficó Hermida.

"El Poder Ejecutivo nacional buscó que las SAS tengan regulaciones parecidas a las de las SRL o las sociedades anónimas, lo que en definitiva, en lugar de ayudar al capital emprendedor y avanzar económicamente, lo único que hace es expulsar a los emprendedores a otros países como Uruguay", opinó.

"Este proyecto es un error garrafal que está trabando todo para el segmento de emprendedores iniciales", enfatizó el experto.

Según Hermida, "no hace falta hacer una SAS para lavar dinero. Hay un montón de usinas de facturas truchas que son SA o SRL constituidas perfectamente. Acá hay un trasfondo político de tirar a la basura todo lo que ha hecho el Gobierno anterior".

"Las SAS sirven para solucionar la vida de los emprendedores, facilitando el pago de impuestos y evitando el empleo informal".

Por su lado, Juan Pérez Bay, presidente de IDEA PYME, argumentó que "el proyecto que impulsa el Gobierno es inoportuno porque aleja un poco más la posibilidad traer inversiones a la Argentina".

"Actualmente la IGJ está trabajando bastante mal por condiciones como la pandemia/cuarentena, la ineficiencia habitual de este tipo de organismos estatales y por el exceso de burocracia que está imponiendo la actual conducción de la Inspección General de Justicia", ilustró.

"Hoy lleva meses y muchas horas de trabajo y dedicación poder cumplir con todos los requisitos para tener una sociedad empresaria", subrayó en ese sentido.

Pérez Bay esgrimió que "las SAS eran un buen instrumento, simple, rápido y ágil para constituir una sociedad, con modelos prestablecidos para no salirse de lo previamente definido. Permitía que rápidamente cualquier emprendedor pueda tener su vehículo societario, dedicándose a su negocio sin pérdidas de tiempo".

"Ahora, un inversor extranjero que quiere radicarse en Argentina tiene por lo menos de tres a cuatro meses de trámites frente a la IGJ para poder empezar a operar. Esto puede generar directamente la caída del negocio", lamentó.

Según el especialista, "tener que plegarse a un registro previo para luego poder acceder a una SAS no es otra cosa que una traba burocrática más para hacer más difícil que el emprendedor tenga ganas de emprender".

"La burocracia es un costo administrativo que se le traslada al sector privado. Va en contra de la vocación de emprender", criticó Pérez Bay (foto).

"Es un argumento retórico proclamar que las SAS fomentan el lavado de dinero. Es un intento de convencer a la opinión pública de algo que no es cierto", aseveró el directivo.

Y remarcó: "Las SAS permiten generar negocios, empleo, ganancias y crecimiento para la Argentina. No tiene ningún sentido penalizar un sistema que estaba funcionando aceptablemente bien con un argumento que no se condice con la realidad".

"Y finalmente, creo que esto es un atentado más contra la seguridad jurídica. En 2017, la ley para crear las SAS fue votada con mayoría de ambas cámaras en el Congreso. Y dos años después fue puesta en suspensión por el mismo cuerpo legislativo", dijo Pérez Bay en una entrevista con SOMOS PYMES.

Para el experto, "no hay reglas de juego claras para el sector privado en este país".

"Es muy difícil que alguien quiera apostar por la Argentina sin normas claras de largo plazo. Está mal destruir todo lo que hizo el gobierno anterior por tener un signo político diferente", concluyó.

Producción: Christian Dátola
Redacción: Mauro Torres